La Constitución de 1991 no solo reconoció derechos; también depositó en la ciudadanía la responsabilidad de vigilar el poder público y participar activamente en las decisiones que afectan el destino colectivo. Hoy, cuando vuelven a plantearse medidas que privilegian respuestas armadas a problemas sociales complejos, que desconocen conquistas históricas de sectores como el campesinado o que ponen en riesgo el enfoque diferencial para la protección integral de niñas, niños y adolescentes, resulta indispensable reivindicar el papel de las organizaciones sociales como guardianas de la democracia.

La autorización ampliada del uso de la fuerza, el regreso de estrategias como las fumigaciones aéreas sin garantías suficientes de evaluación técnica, ambiental y social, así como la posibilidad de operaciones militares que puedan afectar a la población civil, plantean interrogantes legítimos desde la perspectiva de los derechos humanos y del Estado Social de Derecho. Una democracia sólida exige que estas decisiones estén sometidas al escrutinio público y al control ciudadano permanente.

Lejos de constituir un obstáculo para la gobernabilidad, la participación ciudadana es una condición para la legitimidad de las políticas públicas. Como ha señalado Jürgen Habermas, la calidad de una democracia depende de la capacidad de la sociedad para deliberar críticamente sobre las decisiones del poder y exigir justificaciones públicas de sus actuaciones (Habermas, 1998). Cuando las voces críticas son ignoradas o deslegitimadas, se debilita la esfera pública y se erosionan los fundamentos democráticos.

Asimismo, el reconocimiento efectivo de sujetos políticos históricamente excluidos, entre ellos las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y los sectores populares, constituye una obligación derivada de los principios de igualdad material y pluralismo consagrados en la Constitución. Como sostiene Boaventura de Sousa Santos (2014), no existe democracia plena cuando amplios sectores de la población son invisibilizados en la toma de decisiones que afectan sus territorios y proyectos de vida.

Las organizaciones de la sociedad civil, las veedurías ciudadanas y los procesos comunitarios son hoy más necesarios que nunca. Su labor permite monitorear el impacto de las políticas públicas, documentar posibles afectaciones a los derechos humanos, promover la transparencia y garantizar que la seguridad no se convierta en una justificación para restringir derechos fundamentales. En contextos de alta polarización, el control ciudadano constituye un mecanismo de protección democrática y no una expresión de oposición política.

Por ello, desde la Corporación Marcha Nativa reivindicamos la necesidad de una ciudadanía informada, organizada y movilizada pacíficamente. La defensa de la Constitución de 1991, del bloque de constitucionalidad y de los derechos conquistados por los pueblos y comunidades del país exige fortalecer el espacio cívico y el control social. Cuando aumentan los riesgos para los derechos, también debe fortalecerse la participación ciudadana. La democracia no se preserva desde el silencio; se construye desde la vigilancia activa de la sociedad.